Ninguna Ley puede hacer que no haya mujeres que por uno u otro motivo aborten. Pero siendo eso verdad, también lo es que no da igual qué Ley tengamos para que muchas mujeres decidan abortar o continuar su embarazo. La Ley ejerce una labor pedagógica y genera unas costumbres. El autor nos sitúa dentro de la magnitud del aborto en España y muestra por qué es contrario al establecimiento de una Ley de plazos, así como el sorprendente texto y comportamiento del PP actual al respecto.
Una mala ley para corregir defectos de otra ley.
Una mala ley para corregir defectos de otra ley.
I.- Cifras para situarnos. ¿ De qué
estamos hablando ?
Situémonos en el ámbito de
los hechos. En cifras redondas, en España hay 500.000 nacimientos al año. Y
100.000 abortos voluntarios anuales. O sea, por cada cinco nacidos vivos, se aborta un feto voluntariamente.
Hace un año comprobé las
cifras de aborto voluntario en el área sanitaria de Cartagena (Murcia).
Reproducen porcentajes similares a los nacionales. 3.000 nacidos vivos anuales,
y 600 abortos voluntarios. Un dato más. Muy relevante. De los 600 abortos
voluntarios en Cartagena, el 96% se producen sobre embriones-fetos SANOS, al
amparo de la Ley Orgánica 2/2010. 577 embriones-fetos por tanto no presentaban
patología, eran sanos y fueron eliminados por voluntad materna al amparo
del artículo 14 de la citada Ley.
La mayor distorsión en
los análisis del aborto es la de hacer creer que la gran mayoría de los abortos
son fetos enfermos, incompatibles con la vida o futuras situaciones de enorme discapacidad.
Es capital comprender que si nos centráramos en los fetos con enfermedades muy
severas no hablaríamos de 100.000 anualmente, sino 4.000 cada año. No sería sin duda un
tema de relevancia social.
II.- Una Ley de plazos no parece compatible con nuestro ordenamiento jurídico y nos crea un nuevo método anticonceptivo.
Las legislaciones del aborto
pueden ser basadas en “supuestos despenalizadores” o en una “ley de plazos”.
Desde mi punto de vista la Ley de plazos es contraria al artículo 15 de la
Constitución Española (CE) “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral(...)”, y a la sentencia
del Sentencia del Tribunal Constitucional Español num 53/1985. Dicha sentencia interpreta el artículo 15 de la CE de tal modo que sólo
considera constitucional la práctica del aborto por la colisión de dos derechos graves. Pero
en ningún caso puede entenderse de facto como un “derecho a abortar” como si el
feto adquiriera su protección por la sociedad en la semana 15.0 de la gestación
, pero no lo tuviera en absoluto un día antes, en la semana 14 y 6 días. El continuum biológico fetal no permite vislumbrar ningún
suceso biológico en esas 24 horas de diferencia, salvo que las 14 semanas sean
precisamente un tercio de las 40 semanas que dura una gestación, el primer trimestre que arbitrariamente quiere ponerse como límite.
La
sentencia del TC consideró constitucional la Ley de Felipe González Ley Orgánica 9/1985, recurrida al TC por Gallardón senior. En la sentencia el TC manifiesta el conflicto existente entre los derechos
de la madre y el de su hijo (el nasciturus), y afirma dentro del punto 9 de sus
Fundamentos Jurídicos: “Se trata de graves conflictos de características
singulares, que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los
derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus. Ni ésta
puede prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos, ni los derechos de la
mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que
dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo
constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del
ordenamiento constitucional. Por ello, en la medida en que no puede afirmarse
de ninguno de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve
obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado,
tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando
las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de
ellos.”
Pues bien, como el Derecho permite
hacer que un círculo sea cuadrado, puede existir jurisprudencia posterior que
interprete otra cosa, y también puede existir otra Ley Orgánica aprobada en Las Cortes Generales que considere que las primeras 14 semanas son irrelevantes
para el feto y no sometidas a tutela judicial. Actualmente aún está pendiente
de sentencia del TC la vigente "Ley Aído" Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
El PSOE en esa Ley abordó un problema cierto como es el manejo tardío de unos pocos casos algunas malformaciones severas. Sin embargo abrió las puertas a un aborto libre de fetos sanos, descontextualizando el aborto como un asunto de excepciones y lo convierte en un derecho, un avance sexual.
Ahora me llama poderosamente la atención que el propio recurrente, el Partido Popular, no haya esperado la sentencia al recurso de inconstitucionalidad que sus propios diputados presentaron, antes de decidirse a presentar su Anteproyecto de la manera que lo ha hecho.
Ahora me llama poderosamente la atención que el propio recurrente, el Partido Popular, no haya esperado la sentencia al recurso de inconstitucionalidad que sus propios diputados presentaron, antes de decidirse a presentar su Anteproyecto de la manera que lo ha hecho.
III.- El PP ha hecho un
desastre de Anteproyecto de Ley,en fondo y forma.
El Anteproyecto Gallardón
junior de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada ha sido presentado de la peor manera, con el menor consenso posible y con nula
pedagogía.
1.- El Anteproyecto de Ley
Orgánica Gallardón es un texto poco/nada trabajado ni consensuado. El hecho que
no haya existido ni una petición de información previa a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha sorprendido a la propia organización nacional de obstetras y ginecólogos. Hace unos días la SEGO hacía una DECLARACION mostrándose molesta por
no haber sido consultada.
La ausencia de consultas
técnicas es sintomática de la también ausencia de cuidado con el procedimiento
técnico. ¿Qué piensan los ginecólogos ? ¿Qué problemas hay con la actual Ley?
¿Se pueden mejorar cosas?… Nada. Ninguna pregunta, ninguna duda en el
Ejecutivo.
2.- Bueno, dudas sí. Los
propios dirigentes del PP han manifestado discrepancias de criterio entre ellos
u oposiciones frontales al propio Anteproyecto, hasta causar sonrojo verlo. El
propio PP no sabe qué ha escrito, ni qué quiere ni qué ha recurrido al TC.
3.- El Anteproyecto de Ley Gallardón no tiene una filosofía o antropología que lo sustente. Es un texto legal sin
Preámbulo ni Título Preliminar, en el que aparece el articulado que no es
sino una sucesiva derogación de distintos textos legales de muy diversa índole
(Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley General de Sanidad, etc.)
4.- La anulación del
supuesto de malformación parece una obsesión del Anteproyecto. Pues sí permitirá que las mujeres tengan que invovar deterioro grave de su
salud psíquica para interrumpir un embarazo con un embrión anencefálico, por
ejemplo.
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IV.- Mis propias conclusiones
1.- Yo no me hice médico ni tampoco ginecólogo para hacer abortos sino para cuidar de la madre y del feto. De
ambos. Sin paternalismos, creo en una medicina que cura siempre que puede,
alivia si no puede curar, y consuela si tampoco puede aliviar.
2.- Una Ley de plazos para
abordar el aborto me parece inaceptable. Considerar irrelevante la vida de un
embrión en su primer trimestre equivale a considerar el aborto como un método
anticonceptivo de última hora que lleva a incentivar una sexualidad irresponsable
respecto a la posibilidad de embarazo. Me resulta sorprendente ver a algunas mujeres
orgullosas del aborto libre de fetos sanos como conquista social. La utilización del aborto
como método anticonceptivo es lamentable, y es eso lo que vamos a consolidar si
persiste una Ley de plazos. (“Da igual si me quedara embarazada, pues aborto y
todo solucionado”). Algo no funciona en ese silogismo.
3.- El PP debía haber
propuesto derogar el artículo 14 de la Ley vigente, que permite el aborto libre de cualquier feto por debajo de la semana 15
sólo con petición de la gestante; también es necesaria la modificación de poder abortar sin conocimiento paterno entre los 16 y 18 años.
Esas dos modificaciones son
necesarias y urgentes. Otras eventuales modificaciones deben
evaluarse comprobando cómo están actualmente. Y todo con mucha pedagogía pública. Nuestra sociedad española ha decidido, parece ser, que el síndrome de Down por ejemplo sea objeto de aborto antes de la semana 22,
aunque genere incongruencias. Ya me referí una vez a esta incongruencia social…¿ Qué hacemos con los síndromes de Down ?
4.- A veces es difícil acompañar a unos padres en un embarazo con un feto enfermo, quizá con difícil o nula terapia, con miedo al futuro, con miedo a la recurrencia de la enfermedad. A veces puede valorarse en Comites Eticos Hospitalarios dolorosas situaciones que puedan pasar por una interrupción de la vida de un feto gravísimamente enfermo. No es nada divertido, ni nadie está orgulloso de ello.
4.- A veces es difícil acompañar a unos padres en un embarazo con un feto enfermo, quizá con difícil o nula terapia, con miedo al futuro, con miedo a la recurrencia de la enfermedad. A veces puede valorarse en Comites Eticos Hospitalarios dolorosas situaciones que puedan pasar por una interrupción de la vida de un feto gravísimamente enfermo. No es nada divertido, ni nadie está orgulloso de ello.
5.- ¿ Qué propongo además ? Unos políticos con un apoyo
efectivo a la maternidad en mujeres con dificultades. Y eso pasa por gastar
mucho más dinero. Las madres que abortan no lo hacen porque son malas personas,
sino porque muchas veces no ven otra salida. Apoyar la maternidad puede implica
gastar muchos recursos públicos para que madres con dificultades puedan decidir
seguir adelante. Denle a la embarazada que lo necesite 1000 euros por trimestre
de gestación, por ejemplo. Igual no aborta. Ayuden a los que tienen necesidad.
Esto no es sólo cuestión de
modificar un código civil o penal, o de facilitar evacuaciones uterinas. Es
cuestión de voluntad política, ética y de emplear abundantes recursos económicos.
Nos jugamos muchas vidas, y muchas lágrimas.
La "interrupción voluntaria del embarazo" es un fracaso de la sociedad española y de cualquier sociedad que admita la interrupción de la gestación como un método anticonceptivo, porque es la solución "fácil" a la sexualidad irresponsable pero también de la responsable, entiéndase ésta última como el fallo de un MAC, es el camino fácil a "éste embarazo no me viene bien ahora", independientemente de las creencias religiosas, políticas o sociales que se vean implicadas.
ResponderEliminarEs díficil hacer una ley, conlleva muchas controversias jurídicas que no deben atentar contra la libertad del ciudadano, pero más bien son los "revanchismos" políticos los que no hacen nada más que complicar la situación, y es que la más de la veces no buscan una verdadera solución sino más bien el protagonismo.
Para el disfrute de una sexualidad responsable se debería necesitar algo más que el "único" requisito de que la mujer decida libremente interrumpir la gestación sin importar si el embrión y futuro recién nacido sea sano o no, y probablemente lo que más falta hace son:
a. Talleres de educación sexual en los colegios, en los Centros de Salud Sexual y Reproductiva-CSSR, en los centros sociales; y ¿por qué?, sorprende en los tiempos en los que estamos, el desconocimiento que sobre la propia sexualidad tienen muchas parejas, adolescentes y no tan adolescentes; sobre los MAC (solo basta prestar atención al alto porcentaje de adolescentes que no utilizan ninguna protección en su primera relación y/o en las sucesivas); y, el temor que siguen teniendo los adolescentes hacia los padres solo por el hecho de mantener relaciones, ya no digamos si el resultado final es un embarazo.
b. Debería haber mejor acceso y financiación de los métodos anticonceptivos en todas sus variedades y vías de administración, no tiene mucho sentido tener solo unos cuantos contraceptivos orales financiados por el sistema social sanitario, mientras que la IVE esté financiada al 100% y no haya un limite en el número de veces que se pueda acceder a la misma, estoy convencido que para la mayoría de las mujeres es dificil tener que recurrir a la IVE para "deshacerse" de un embarazo, pero hay otras que dada su financiación total y sin limites lo utilizan como método anticonceptivo sin más reparos; tampoco creo que sea fácil para los profesionales sanitarios que tienen que vehiculizar los trámites y no digamos para los que se tienen que convertir en ejecutores de las IVE.
c. Casi, o por no decir, siempre, es la mujer la que busca un método contraceptivo no solo para el disfrute de su sexualidad personal sino también para la de su pareja; son pocas mujeres las que acuden a los CSSR acompañadas por su pareja, muchas de ellas no cuentan con el apoyo de su pareja para la adecuada elección y uso del método anticonceptivo; basta, asimismo, prestar atención a la baja solicitud de vasectomías por los varones en los CSSR.
En conclusión, no creo que se trate de hacer leyes, se trata de fomentar una sexualidad responsable, poniendo al alcance de las parejas los distintos métodos de planificación, que impidan llegar al extremo de la controversia, es decir, a la interrupción de una gestación.